Se decidió que los dos sospechosos venezolanos, Neisy Palma-Villega y Jean Carlos Franzoni, podían irse a casa mientras continúa la investigación del caso Portulaca. Ambos trabajan para Pelca Development, el propietario del edificio Hyatt Place frente al aeropuerto de Aruba. Su abogado solicitó la suspensión de su detención, lo cual fue acordado tanto por el fiscal como por el juez instructor.
No hay razón para mantenerlos en KIA por más tiempo. Después de haber estado encarcelados durante tres días en la estación de policía, fueron enviados a KIA a la espera de la investigación, la cual continuó basada en interrogatorios y confrontación con las pruebas del caso.
Quien no tuvo la misma suerte fue la sospechosa de 53 años Nedilia B. Dabian, nacida en Colombia. Ella es una tramitadora de permisos, por lo que se considera que tiene un papel esencial en este caso. Fue mantenida en prisión debido a la falta de más interrogatorios y al peligro de que hable con otros sospechosos involucrados. Por lo tanto, su detención fue extendida por 30 días más.
Soborno Activo
Parece que la Fiscalía ha dividido la investigación en secciones. Ahora ha comenzado con la parte de “soborno activo”. Estos son aquellos que intentaron o lograron sobornar a un empleado público y/o ministro para mover y obtener un permiso que la persona no debería haber recibido o recibido tan rápidamente. Dos venezolanos que obtuvieron permisos de residencia y trabajo en Aruba fueron detenidos. La tramitadora de permisos que arregló sus permisos a través de DIMAS y eventualmente con la ayuda de coordinadores en el Ministerio de Integración y Trabajo también fue detenida.
Soborno Pasivo
Todavía hay una sección por alcanzar, que es el soborno pasivo. Esto se refiere a aquellos que pueden haber recibido dinero o favores para manejar asuntos de permisos de residencia o trabajo. Todavía hay tres sospechosos más, que están en casa suspendidos del trabajo pero aún no detenidos. Estos incluyen a la Coordinadora del Ministro, Elena Dorothaal, la empleada de DIMAS, Iraima Croes, y el ex asesor del Ministro Andin Bikker, Raymond Arends, quien no ha estado trabajando en Cocolishi durante mucho tiempo. En DIMAS, a la empleada Sandy Dirks también se le ha negado la entrada. En Cocolishi, en el Ministerio de Integración y Trabajo, las búsquedas también han incluido al Coordinador del Ministro, Edgard Arends.
La Fiscalía declaró que están investigando el período de 2020 a 2022. Glenbert Croes se convirtió en Ministro de Integración en noviembre de 2021. Por lo tanto, es probable que estén investigando un período en el que hubo dos ministros diferentes para el mismo ministerio.
Nedilia Dabian
Lo que hace este caso un poco más intrigante es que no es la primera vez que Dabian ha sido detenida. En abril de 2022, fue detenida y también terminó en prisión, pero por un caso de drogas. Ahora está involucrada en una investigación relacionada con corrupción que implica permisos de residencia y/o trabajo para extranjeros. Ella es una tramitadora de permisos, pero como se muestra, paga a funcionarios públicos u otros para lograr los objetivos de sus clientes. Se menciona que ella era muy cercana al ex coordinador del ministerio, Raymond Arends.
Sobre Portulaca
El 4 de junio de 2024, el Departamento Nacional de Investigación Criminal, bajo la guía del juez instructor, la Fiscalía, y en cooperación con la Fuerza de Policía de Aruba y el RST (Equipo de Cooperación en Investigación), realizaron búsquedas en seis ubicaciones, incluidas dos casas, dos negocios, la Oficina de Gobierno (Ministerio de Integración, Trabajo y Energía), y DIMAS. Estas búsquedas se llevaron a cabo en el marco de una Investigación Nacional Criminal sobre posible corrupción y otros actos punibles relacionados con la concesión de permisos de residencia entre 2020 y 2022. Esta investigación ha sido nombrada ‘Portulaca’.
Durante las búsquedas, se incautaron portadores de datos y administración. Tres personas fueron arrestadas el mismo día.
La investigación Portulaca gira en torno a la pregunta de si las empresas podrían haber obtenido permisos de residencia para sus empleados basados en motivos que no se ajustan a la ley.
